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Pobreza energética: medidas para las personas vulnerables

El disfrute de los servicios de acceso y suministro energéticos resulta imprescindible para poder gozar de una vida digna, que cubra las necesidades más esenciales. Sin embargo, el progresivo incremento de las tarifas ha provocado que cada vez un mayor número de personas consumidoras sea vulnerable a caer en la pobreza energética.

Este concepto define principalmente la situación en la que se encuentran quienes, debido a sus escasos ingresos, deben destinar buena parte de su dinero a hacer frente a las facturas de electricidad y gas, o quienes, por su situación económica, laboral o social, se hallan en riesgo de exclusión. También se extiende a otras circunstancias, como las malas condiciones objetivas de la vivienda, en cuanto a eficiencia energética, o al elevado precio de los recursos energéticos.

Las personas vulnerables disponen de algunas medidas para intentar paliar su situación, a falta de la aprobación de una normativa específica que garantice sus derechos. Una de ellas es la solicitud del bono social. Es un descuento sobre la factura eléctrica de la vivienda habitual, que se aplica a las personas físicas que cumplen los requisitos establecidos en la normativa.

La regulación, en función de sus características y necesidades, establece tres perfiles: persona consumidora vulnerable, persona consumidora severa y consumidora en riesgo de exclusión social:

  1. Persona consumidora vulnerable. Toda persona física, con un contrato de suministro para su vivienda habitual de potencia igual o inferior a 10 kW, que se acoja a la tarifa de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y que cumpla uno de los siguientes requisitos:
    1. Obtener una renta anual menor o igual al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas multiplicado por 1’5, en el caso de que no existan menores en la unidad familiar; por 2, si vive un o una menor; o por 2’5, si son dos. El coeficiente multiplicador del IPREM se puede incrementar en 0,5 si se alguna de las personas de la unidad familiar:
      • Tiene una discapacidad reconocida igual o superior al 33%.
      • Es víctima de terrorismo.
      • O ha sido reconocida como víctima de violencia de género.
      • Encontrarse en situación de dependencia reconocida de grado II ó III.
      • La unidad familiar está integrada por un único progenitos y, al menos, un menor.
    2. Disponer del título de familia numerosa. Para estas familias se aplica el bono siempre que cumplan los requisitos de suministro.
    3. Acreditar que las personas integrantes de la unidad familiar son pensionistas de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente y que solo tienen como ingresos la cuantía mínima establecida para su tipo de pensión. Ademas, en caso de percibir otros ingresos, que la cuantía agregada anual no supere los 500 euros.
  2. Persona consumidora vulnerable severa. Toda persona consumidora vulnerable cuyos ingresos sean:
    • Inferiores al 50% de la cuantía establecida para vulnerables por renta.
    • Inferiores al IPREM de 14 pagas. Para quienes perciben la pensión de cuantía mínima establecida para pensionistas por jubilación o incapacidad permanente y que en caso de percibir otros ingresos, la cuantía agregada anual no supere los 500 euros.
    • Inferiores al doble del IPREM de 14 pagas, en el caso de las familias numerosas.
  3. Persona consumidora en riesgo de exclusión social. Toda persona vulnerable severa a la que los servicios sociales autonómicos o locales financien al menos el 50% de la factura eléctrica. En estos casos, el suministro se considera suministro esencial.

Los ingresos de la persona o, en su caso, de la unidad familiar se calculan:

  • Si hace la declaración de la renta, con la suma de la base imponible general y del ahorro de la última declaración de sus miembros.
  • Si no ha presentado la declaración por no estar obligada, con la suma de los rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas, y de ganancias y pérdidas patrimoniales que consten en la agencia tributaria.
  • Si no ha presentado la declaración, pero tenía obligación de hacerlo, se entiende que no pueden comprobarse los ingresos y el comercializador rechazará la solicitud.

El bono social se aplica sobre todos los términos que integran la tarifa de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y la cuantía resultante, que debe pagarse, es la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR). El descuento es de:

  • Un 25%, para las personas consumidoras vulnerables.
  • Un 40%, para las vulnerables severas.

Existe un límite anual de consumo, a partir del cual dejan de aplicarse los descuentos.

  • Unidad familiar integrada por una sola persona o sin menores: 1.380 kWh/año.
  • Unidad familiar con un/a menor o pensionistas: 1.932 kWh/año.
  • Unidad familiar con dos menores: 2.346 kWh/año.
  • Familias numerosas: 4.140 kWh/año.

La persona consumidora debe presentar el modelo de solicitud normalizado a su comercializador de referencia, que debe tener el formulario disponible tanto en su web como en sus oficinas presenciales.

Se prorroga el plazo para la renovación del bono social para las personas consumidoras que estuvieran acogidas al bono social antiguo. Si bien el plazo finalizaba el 8 de octubre, se amplia el plazo hasta el 31 de diciembre de 2018.

Dichas personas deben completar su solicitud para renovar el bono social y acreditar el cumplimiento de los requisitos. En caso de cumplir los requisitos y si han solicitado antes del 31 de diciembre de 2018, se les aplicará el bono social con efectos desde el 8 de octubre de 2018. En caso de soliciarlo con posterioridad al 31 de diciembre de 2018 y se estimara la solicitud, el descuento se devengará a partir del primer día del ciclo de facturación tras la recepción de la soclicitud y se aplicará en las sucesivas facturas.

Las personas que no se benefician del bono social y cumplen los requisitos pueden solicitarlo sin límite temporal.

La solicitud debe incluir la siguiente documentación:

  • Fotocopia del NIF o NIE de los miembros de la unidad familiar.
  • Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Libro de familia o, en su caso, certificación de la hoja individual del Registro Civil, para las familias.
  • Copia del título de familia numerosa en vigor, para familias numerosas.
  • Certificado de la Seguridad Social con la pensión mínima vigente, para pensionistas.
  • Certificado o documento acreditativo de los servicios sociales que indique que la persona cumple alguno de las circunstancias especiales para incrementar en un 0,5 el coeficiente del IPREM. Es decir, que tiene una discapacidad igual o superior al 33%, es víctima de terrorismo o de violencia de género. El certificado no debe indicar, en ningún caso, qué circunstancia se cumple y qué miembro de la unidad familiar la sufre.

Presentada la solicitud, el comercializador de referencia debe:

  • Dar un justificante a la persona, si la entrega en sus oficinas presenciales.
  • Mandar un correo electrónico de confirmación, si la envía por este canal.

El comercializador dispone de 15 días hábiles —es decir, sin incluir sábados, domingos y festivos—, contados desde la recepción de la solicitud completa, para comunicar la concesión o denegación del bono social. En caso de denegación, deberá señalar la razón.

Si falta documentación, deberá indicárselo a la persona en el plazo máximo de 15 días hábiles desde la recepción de la solicitud, para que complete la información.

El descuento se aplica en la siguiente factura siempre que esta se emita una vez transcurridos por lo menos 15 días hábiles desde la recepción completa de la solicitud. En caso contrario, se efectuará en la siguiente.

Tanto el plazo de 15 días para comunicar la concesión o denegación del bono social como el plazo de 15 días para aplicar el descuento a la factura se amplían a un mes durante los tres primeros meses desde la entrada en vigor del nuevo bono social, es decir, desde el 10 de octubre de 2017.

El bono social se aplica:

  • Mientras el título de familia numerosa esté vigente, en el caso de las familias numerosas.
  • Durante dos años, mientras se mantengan las circunstancias exigidas. Si desaparecen las circunstancias que propiciaron su concesión, la persona beneficiaria tiene la obligación de comunicárselo a la empresa en el plazo máximo de un mes desde que se produzca dicho cambio.
  • Transcurridos los dos años, la compañía debe indicarle a la persona consumidora, en la última factura que emita antes de que acaben los dos años, la fecha de vencimiento del plazo. Además, debe informarle de que, si no pide la renovación, dejará de aplicarle el descuento, aunque podrá pedirlo de nuevo si aún cumple los requisitos.
  • Será necesario presentar una solicitud de renovación junto con la documentación a efectos de la nueva comprobación de los requisitos que otorgan el derecho al bono social antes de que acabe el plazo de dos años y, como máximo, 15 días hábiles antes de su finalización.

El comercializador de referencia debe comprobar, a través de una aplicación telemática, si la persona consumidora cumple los requisitos para beneficiarse del bono social en alguna de las tres modalidades existentes: persona consumidora vulnerable, vulnerable severa o en riesgo de exclusión.

La compañía dispone de 15 días hábiles, desde la recepción de la solicitud con toda la documentación completa, para comunicarle si le corresponde o no la aplicación del bono social.

Si existe alguna discrepancia sobre la aplicación del bono social y/o el comercializador deniega su concesión, la persona titular puede presentar una reclamación ante Kontsumobide u otros organismos de consumo.

Si no cumples los requisitos para beneficiarte del bono social, puedes intentar reducir tus facturas a través del comparador de ofertas de energía, publicado en la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Esta herramienta te permite obtener un listado de lo que pagarías en un año a las diferentes empresas que operan en tu municipio, en función de tus pautas de consumo y del tipo de contrato. Para ello, debes indicar el tipo de suministro, la potencia contratada, el consumo anual y tu código postal.

Las personas vulnerables energéticamente pueden acudir a los servicios sociales de su municipio para informarse sobre el tipo de ayudas de las que pueden beneficiarse, en función de su situación personal. El Gobierno Vasco ofrece recursos económicos a través de diversas líneas:

  • Renta de Garantía de Ingresos (RGI): Es una prestación económica periódica, destinada a cubrir gastos tanto asociados a las necesidades básicas como derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral, cuando las personas no disponen de ingresos suficientes.
  • Ayudas de Emergencia Social (AES): Es una prestación económica no periódica dirigida a personas con recursos insuficientes para afrontar gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario, con el objeto de prevenir, evitar o paliar situaciones de marginación social. Tiene carácter subvencional, es decir, su concesión está condicionada a la existencia de presupuesto; y finalista, ya que debe destinarse a cubrir los conceptos para los que se ha solicitado. La tramitación de las AES corresponde a los ayuntamientos.
    La normativa de las AES señalaba hasta enero de 2017, dentro de la partida para gastos de la vivienda o alojamiento habitual, una línea de ayudas para satisfacer, en general, las facturas de energía, agua, alcantarillado, basuras, y los impuestos sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica. Sin embargo, el Decreto 16/2017, de 17 de enero, de modificación del Decreto de ayudas de emergencia social establece, de forma específica, una línea para “gastos de energía, debidos al suministro eléctrico, de gas u otro tipo de combustible de uso doméstico”.
  • Convenio con la Cruz Roja: El Departamento de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco mantiene un convenio contra la pobreza energética con la Cruz Roja destinado a familias que no cumplen los requisitos para acceder a las AES o a la RGI. A través de la entidad, pueden percibir ayudas para abonar las facturas de luz, agua y gas.

Además de estas prestaciones, algunas asociaciones y ONGs también gestionan programas para reducir el impacto de la pobreza energética.

  • Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE.
  • Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
  • Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica.
  • Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica
  • Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.
  • Orden ETU/361/2018, de 6 de abril, por la que se modifican los formularios de solicitud del bono social previstos en el anexo I de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.
  • Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

Fecha de última modificación: