Kontsumobide

La nueva de Ley de Estatuto de las Personas Consumidoras de Euskadi reforzará garantías e incluirá, como novedad, la indemnización por daños o perjuicios a las personas usuarias

Fecha de publicación: 

La Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, Sonia Pérez Ezquerra, ha presentado esta mañana, junto a la directora de Kontsumobide, Olga Santamaría, el anteproyecto de Ley de Estatuto de las personas Consumidoras y Usuarias. Esta ley sustituirá a la actual norma vasca sobre el consumo, aprobada hace 15 años.  En este tiempo se han producido cambios sustanciales en los hábitos y formas de consumo y pago, con especial atención a las compras de productos y servicios online, y se ha modificado la legislación nacional y europea sobre consumo.

La Consejera Pérez Ezquerra ha manifestado que la nueva legislación “impulsará el papel protagonista de Kontsumobide y le dotará de nuevos instrumentos para mejorar su tarea y contribuir a la mejor defensa de dichos derechos”.

El anteproyecto busca la promoción del consumo responsable con criterios de racionalidad y sostenibilidad. Se busca el fomento de un consumo moderado, informado, reflexivo y consciente, con especial atención a la preservación del medio ambiente, la calidad de vida, la especificidad cultural y un desarrollo socioeconómico individual y colectivo responsable.

El anteproyecto de ley hace especial incidencia en la protección a las personas consumidoras o usuarias vulnerables y a los colectivos o grupos de personas en situación de inferioridad, subordinación, indefensión o discriminación.

La Consejera ha detallado algunas de las principales novedades y propuestas de este anteproyecto de ley que consideramos de especial relevancia.  Entre ellas se encuentra una novedad jurídica que no ha sido planteada hasta la fecha por ninguna Comunidad Autónoma. “Kontsumobide podrá acordar en sus sanciones a las empresas infractoras que estas indemnicen a las personas consumidoras por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión de la infracción. Además de la sanción administrativa, se determinará el importe de la indemnización, que podrá hacerse efectiva por la propia administración, con el fin de reforzar la protección de la persona consumidora” ha explicado la Consejera.

El anteproyecto de Ley reforzará la línea de actuación emprendida en esta legislatura por Kontsumobide de impulso a los códigos de buenas prácticas empresariales y posibilitará la participación del Instituto Vasco de Consumo en su elaboración.

En esta línea, primará los sistemas alternativos de resolución de los conflictos de consumo. La Consejera ha manifestado que “en las ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual se marcará como opción prioritaria la mediación entre la entidad financiera y su cliente”. Igualmente, la adhesión al sistema arbitral de consumo se marca como regla general de aplicación en el sector público y en la contratación pública y se valorará en la concesión de ayudas y subvenciones.

El refuerzo de la protección de los intereses de las personas usuarias en los contratos de servicios de interés general (tales como agua, electricidad, gas, teléfono o internet) será garantizado por la obligación regulada de que las empresas ofrezcan un plazo de subsanación antes de interrumpir la prestación.

Sonia Pérez ha destacada como novedad relevante que la nueva ley obligará a empresas de servicios a ofrecer información, con carácter previo a su contratación, sobre las incidencias por obras de mantenimiento, gran afluencia de personas o condiciones meteorológicas, que puedan afectar a su uso en condiciones óptimas. Esta disposición está pensada para que las personas que vayan a entrar en una autopista, un parque temático o de atracciones, por ejemplo, antes de contratar sus servicios, puedan disponer de un conocimiento informado sobre en qué condiciones se encuentran las instalaciones para que puedan, o no, optar al uso.

En línea con las directrices europeas se refuerza la inspección de consumo y se autorizará al personal inspector a no identificarse cuando por tal motivo pueda frustrarse la finalidad de su actuación; igualmente, podrá realizar tomas de muestras y compras de prueba bajo identidad encubierta –sin decir que es personal inspector- para comprobar que los productos se ajustan a las exigencias legales.

Por último la Consejera ha destacado las aportaciones importantes en el ámbito sancionador. La ley incluirá un extenso catálogo de infracciones más ajustado al panorama normativo actual y prevé, junto a las sanciones, que pueda darse publicidad a las infracciones que hayan cometido las empresas en los últimos dos años. Además, aumenta la protección contra abusos contractuales mediante la difusión de cláusulas y prácticas empresariales abusivas.