Fecha de publicación: 03/09/2015
El objetivo principal de la campaña fue comprobar que la información y publicidad que proporcionan los centros privados que imparten enseñanzas no regladas, así como los aspectos referidos a la contratación, se ajustan a los requisitos que la normativa establece.
La campaña se realizó a lo largo del mes de octubre 2014.
En total se realizaron 36 protocolos de inspección (7 en Álava, 16 en Bizkaia y 13 en Gipuzkoa).
Además de la actuación desarrollada por los Servicios Territoriales de Kontsumobide (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa), se contó con la colaboración de las OMIC de Santurtzi, Portugalete, Erandio, Vitoria-Gasteiz e Irun.
De los 36 controles realizados, en 27 (75%) no se observó ninguna irregularidad. Con respecto a los 9 controles restantes (25%), los incumplimientos normativos se referían, en mayor o menor medida, a los siguientes aspectos:
Por otra parte, la gran mayoría de los establecimientos anunciaba debidamente y tenía Hojas de Reclamaciones a disposición de las personas consumidoras y usuarias.
Realizados los trámites y apercibimientos oportunos, se ha comprobado que la mayoría de las irregularidades detectadas ya han sido subsanadas. Los Servicios Territoriales de Kontsumobide, de cara al nuevo curso académico 2015-2016, comprobarán que todos los establecimientos que han sido objeto de control hayan cumplido los compromisos de subsanación de las irregularidades observadas.
De las observaciones recogidas en las actas y protocolos, se llega a la conclusión de que la mayoría de las irregularidades detectadas se repiten en los tres Territorios, y que existe bastante desconocimiento, por parte de las personas responsables de los centros privados que imparten enseñanzas no regladas, respecto a la normativa aplicable.
Hay que destacar, por otro lado, que la campaña realizada tuvo un amplio componente informativo, y muchas de las irregularidades detectadas se fueron corrigiendo a medida que las personas responsables de los centros inspeccionados tenían conocimiento de ellas.
Por último, considerando la ausencia de consultas o reclamaciones referidas a las irregularidades observadas, sospechamos que, por parte de las personas consumidoras puede haber un importante déficit de información sobre sus derechos en relación a la firma del contrato, a la obligación de entregarle una copia del contrato, a la información sobre la cualificación del profesorado, a la obligación del centro de emitir una factura o justificante por cada uno de los pagos realizados, así como a la obligación por parte del centro de extender un documento acreditativo de los estudios realizados por la persona consumidora. Por todo ello, entendemos que sería precisa una labor informativa y formativa en ese sentido.