Información precontractual

El objetivo de la información previa a cualquier contratación es que comprendas claramente lo que tu entidad bancaria te ofrece antes de adquirirlo o contratarlo, con el fin de que puedas comparar ofertas similares y adoptar una decisión informada.

• Debe ser gratuita, objetiva y no engañosa.
• Te la tienen que entregar en papel o en otro soporte duradero.
• Si la oferta es vinculante, se deberá señalar que es así y también su plazo de validez.
• Deben comunicarte el importe de todas las comisiones y gastos.
• Una vez proporcionada la información, tienes la posibilidad de no continuar con la operación.

Información contractual

Al igual que la información previa, la relacionada con el contrato tiene que cumplir una serie de requisitos:

• Deben entregarte una copia del contrato en soporte duradero.
• Entre la documentación que recibas deben aparecer los canales de contacto con la entidad, ya sea a través del teléfono, del correo electrónico o de cualquier otro canal.
• Los contratos que hayas firmado digitalmente, sea con firma escaneada o digitalizada o directamente digital, también te los tendrán que entregar en soporte duradero.
• El banco debe guardar una copia del contrato y también del recibí de la persona cliente.

Los contratos deben indicar, como mínimo, las siguientes condiciones:

• Si la remuneración es en especie, es decir, con productos o servicios.
• Si debes hacer pagos, como impuestos, y cuál es su tributación.
• Si el capital principal está garantizado en los depósitos a plazo.
• Cuáles son los mecanismos de resolución de conflictos y reclamaciones.
• Qué derechos asisten a la entidad bancaria si tú incumples el contrato y cuáles son los mecanismos y plazos para que ejerza esos derechos.
• En caso de que haya una modificación del contrato que te sea desfavorable, te avisarán previamente y con antelación suficiente.
• Si se prevé la prórroga del contrato y en qué condiciones.
• Si el contrato es en una moneda distinta del euro, te deben indicar el método de conversión a euros y si existe comisión.
• Si el contrato está condicionado a otros productos, tienen que reflejar de forma explícita cuáles son esos productos, qué condiciones tienen y si la contratación es libre o con algún proveedor concreto.
• En caso de que se produzca la finalización anticipada, deberán informarte previamente de los gastos o compensaciones que te corresponden. Y si el producto tiene asociado algún seguro, tendrás derecho al extorno, es decir, a que te devuelvan la parte proporcional por la prima no consumida.
• Si te han exigido garantías reales o personales, deben indicar cómo quedan extinguidas.
• Si la entidad tiene derecho a ceder tu contrato o parte de él a una tercera entidad, deben informarte de en qué condiciones y cómo te lo deben notificar.
• En los servicios bancarios de depósito, se incluirá una referencia al fondo de garantía de depósitos al que se encuentre adherida la entidad y se indicará el importe máximo que está garantizado.

Los contratos deben estar redactados siguiendo las siguientes directrices:

• El estilo debe ser claro y comprensible para la persona consumidora.
• La letra no puede tener una altura inferior a 1,5 milímetros.
• Debe contener de manera clara todas las condiciones que afectan al contrato.
• Evitará tecnicismos, y si hay que utilizarlos, se explicarán.
• No se incluirá en el contrato ningún concepto que resulte innecesario.

Información posterior al contrato

Todos los años, las entidades deben informarte sobre los intereses que has cobrado y los que has pagado y las comisiones y gastos generados por cada servicio bancario que te hayan prestado durante el año anterior.

Además, cada mes tienen que enviarte gratuitamente el extracto de tus cuentas corrientes y facilitarte una copia de todas las operaciones que realices.

La forma de estas comunicaciones será la que acordéis las partes, siempre que te permita almacenar la información y reproducirla sin cambios. Lo habitual es que sea por carta o mediante informes digitales.

Una entidad puede cobrarte una comisión siempre que:

• Esté recogida y cuantificada en el folleto de tarifas.
• Responda a servicios que te hayan prestado.
• Esté incluida en el documento contractual o tú hayas dado tu conformidad expresa.
• Tú hayas solicitado o aceptado los servicios que justifican la comisión.
• Sea proporcional al servicio prestado.

Si la comisión no cumple alguno de estos requisitos, podrás presentar una reclamación.

En caso de pérdida o robo de tu tarjeta, como persona cliente solo respondes por hasta 50 euros por los usos fraudulentos que se hagan con ella antes de que denuncies su desaparición. Eso quiere decir que si el uso fraudulento de la tarjeta supone un gasto mayor de esa cantidad, el banco deberá devolverte la diferencia. Pero es clave que denuncies su desaparición, puesto que, desde el momento en que lo hagas, el banco cubrirá cualquier pérdida (incluso por debajo de los 50 euros).

Al comunicar la pérdida o robo de tu tarjeta a la entidad bancaria o al emisor de la tarjeta, esta quedará anulada. Para ello puedes llamar por teléfono, pero es aconsejable acudir a la oficina bancaria para confirmar la anulación y reflejarlo por escrito.

Si lo que has sufrido es un robo, es aconsejable interponer una denuncia en la policía.

Por otro lado, recuerda que la ley prohíbe a las entidades bancarias enviar tarjetas de crédito o débito a tu casa si no lo has solicitado.

En términos generales, las cláusulas abusivas son las que atentan contra los derechos de las personas consumidoras. Lo son aquellas que no se han negociado individualmente y todas las prácticas no consentidas expresamente que causen un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes, especialmente en perjuicio de las personas consumidoras.

Las cláusulas abusivas están reguladas en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

La sentencia 792/2009, de 16 de diciembre, del Tribunal Supremo consideró abusivas y, por tanto, nulas de pleno derecho, unas cláusulas que muchas entidades financieras aplicaban a sus clientes:

• La cláusula por la que la entidad se reserva la posibilidad de rescindir un contrato de préstamo hipotecario por cualquier causa.
• La que impide a la persona consumidora conocer qué comisiones le van a cobrar, información fundamental para saber si las condiciones son o no adecuadas.
• La que obliga a la persona consumidora a acudir a tribunales distintos a los que corresponderían en función de su domicilio u otros derechos que les reconoce la ley.
• La que obliga a la persona consumidora a hacerse cargo de todos los gastos que suponga un proceso judicial, lo que incluye los honorarios de su defensa y las costas, entre otros gastos.
• La que traslada la responsabilidad a la persona consumidora en el caso de que alguien falsifique un cheque y lo cobre, sean cuales sean las circunstancias.
• La cláusula por la que la entidad elude la responsabilidad por el mal funcionamiento de un cajero automático si no da el dinero solicitado aunque el recibo indique que sí se ha realizado la operación.
• La cláusula por la que se hace vencer un préstamo hipotecario cuando se deniegue la inscripción de la escritura aunque la denegación sea culpa de la entidad.
• La que libera de cualquier responsabilidad a la entidad por los daños causados por los fallos producidos durante la transmisión una operación por vía informática.

Todos estos aspectos no pueden aparecer en ningún contrato que firmes con una entidad bancaria. Si aparecen, podrás reclamar.

Posteriormente, el Tribunal Supremo, en su STS 241/2013, declaró abusivas y nulas las cláusulas suelo de las hipotecas de algunas entidades de crédito. Las cláusulas suelo son aquellas que, en los préstamos hipotecarios a tipo variable, limitaban un interés mínimo concreto para impedir que la persona consumidora se beneficiase de la reducción de los tipos de interés por debajo de ese límite.

La STS 705/2015 también declaró abusiva y nula la inclusión de una cláusula que obligaba a que las personas solicitantes de un préstamo asumiesen de forma exclusiva todos los gastos de formalización y constitución de la hipoteca. En 2019, el Tribunal Supremo declaró que los gastos de registro, tasación y gestoría debe abonarlos el banco y los de notaría deben abonarse a medias entre el banco y la persona consumidora. Esta indeterminación sobre quién paga qué quedó eliminada para las hipotecas firmadas después del 16 de junio de 2019 con la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

Otra cláusula que algunos tribunales han calificado como abusiva es la comisión de apertura, pero no existe una decisión firme al respecto.

El primer paso es presentar tu reclamación por escrito ante los departamentos del banco normalmente llamados Servicio de Atención al Cliente o Defensor del Cliente. Esto se puede hacer mediante correo certificado o directamente en tu propia oficina, en una carta dirigida a uno de los dos departamentos mencionados. Deberán entregarte un resguardo que demuestre que se ha presentado la reclamación

Debes aportar la siguiente documentación:

• Nombre, apellidos, DNI y domicilio.
• Nombre de la entidad bancaria y la oficina donde se han producido los hechos.
• El motivo de tu reclamación.
• Tus demandas.
• Los documentos que acrediten lo que afirmas (facturas, recibos, contratos, etc.).

Si la respuesta no te satisface o directamente no recibes ninguna en un plazo de dos meses, puedes reclamar ante el organismo supervisor adecuado:

• Banco de España (BE): para productos y servicios bancarios comercializados por entidades de crédito y otras cuestiones derivadas de la actuación de las sociedades de tasación o de los establecimientos de cambio de moneda.
• Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): para productos o servicios de inversión, con independencia de que el intermediario sea una empresa de servicios de inversión (ESI) o una entidad de crédito (habitualmente bancos y cajas de ahorros).
• Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP): para cuestiones relacionadas con contratos de seguros y planes de pensiones que deriven de la actuación de entidades aseguradoras, gestoras de fondos de pensiones y mediadores de seguros (incluidas las entidades de crédito cuando actúen como comercializadoras de estos productos).

El coste total de crédito se compone de:

• Principal (el dinero que has pedido, que también se llama capital).
• Los intereses
• Todas las comisiones.
• Todos los impuestos
• Cualquier otro gasto que se deba realizar para la contratación del crédito.
• Si el contrato exige la contratación de un seguro, también será considerado como coste total del crédito.

Los gastos de notaría no son considerados como coste del crédito.

Antes de que contrates el crédito te deben entregar una oferta previa. Esta oferta será vinculante, al menos, durante 14 días naturales, es decir, contando sábados, domingos y festivos.

Deben entregártela con la debida antelación, en papel o soporte duradero, responder a las preferencias que hayas indicado y permitir que la compares con otras ofertas.

La información debe especificar:

• El tipo de crédito.
• Identidad y domicilio social de la empresa prestamista y también de la empresa intermediaria si la hay.
• El importe total del crédito y las condiciones para disponer de los fondos.
• La duración del crédito.
• En caso de créditos vinculados, el producto o servicio vinculado y su precio al contado.
• El tipo de interés, cómo se aplica y, si se dispone de índices de referencia, cuáles son y cómo se aplican.
• La TAE (Tasa Anual Equivalente) y el importe total adeudado, todo ello acompañado de un ejemplo representativo.
• El número de cuotas o pagos, su periodicidad y su importe.
• Los gastos de mantenimiento de una o varias cuentas si son necesarias para el préstamo.
• Los gastos de utilización del medio que permita realizar operaciones de pago y la disposición de fondos.
• Cualquier otro gasto derivado del contrato y las condiciones en que estos puedan modificarse.
• Si existen, los gastos de notaría.
• El coste de los servicios accesorios que la empresa prestamista establece que son necesarios para la suscripción del contrato de crédito. Por ejemplo, un seguro.
• Tipos de interés de demora y gastos por impago.
• Advertencia sobre las consecuencias en caso de impago.
• Garantías exigidas si es que las hay.
• Si hay o no derecho de desistimiento.
• Tu derecho de reembolso anticipado y su coste.
• Tu derecho a recibir inmediata y gratuitamente el resultado de cualquier consulta a una base de datos para evaluar tu solvencia.
• Tu derecho a recibir una copia, gratuita y previa solicitud del proyecto (o propuesta) de contrato de crédito.
• El tiempo durante el cual la empresa prestamista está obligada a mantener la oferta.

La información adicional deben facilitártela en documento aparte.

Si te dan la información normalizada europea sobre el crédito al consumo (INE), que es un formulario homologado por la UE con toda la información destacada más arriba, entonces la empresa prestamista te ha informado convenientemente.

Esta obligación de entregar la información precontractual afecta a las empresas prestamistas, pero no a las personas o empresas intermediarias. Sin embargo, la empresa prestamista debe garantizar que recibes toda la información que indica la ley.

El incumplimiento de los requisitos de información previa puede dar lugar a la anulación del contrato.

La entidad financiera está obligada a evaluar tú solvencia cuando pides un crédito.

Si te niegan el crédito por falta de solvencia u otro motivo relacionado con un fichero consultado, el banco deberá informarte de manera inmediata y gratuita y facilitarte los pormenores de la base de datos consultada, salvo que una ley de la UE lo prohíba o sea contrario al orden y seguridad pública.

Deberá constar por escrito en papelo en soporte duradero y contener los siguientes datos:

• El tipo de crédito.
• Identidad y domicilio social de la empresa prestamista y también de la empresa intermediario si la hay.
• El importe total del crédito y las condiciones para disponer de los fondos.
• La duración del crédito.
• En caso de créditos vinculados, el producto o servicio vinculado y su precio al contado.
• El tipo de interés, cómo se aplica y, si se dispone de índices de referencia, cuáles son y cómo se aplican.
• La TAE (Tasa Anual Equivalente) y el importe total adeudado, todo ello acompañado con un ejemplo representativo.
• El número de cuotas o pagos, su periodicidad y su importe.
• En caso de amortización de capital de un crédito de duración fija, el derecho a recibir un extracto de cuenta en forma de cuadro de amortización, es decir, una tabla que simula cómo evolucionará la deuda en el futuro. Este cuadro de amortización debe ser entregado siempre que se solicite y desglosar en cada cuota la parte que corresponde al capital y la que corresponde a los intereses. Cuando el interés no sea fijo, deberá indicarse que los cálculos del cuadro solo son válidos hasta la siguiente actualización de índices.
• Los gastos de mantenimiento de una o varias cuentas si son necesarias para el préstamo.
• Los gastos de utilización del medio que permita realizar operaciones de pago y la disposición de fondos.
• Cualquier otro gasto derivado del contrato y las condiciones en que estos puedan modificarse.
• Si existen, los gastos de notaría.
• El coste de los servicios accesorios que la empresa prestamista establece que son necesarios para la suscripción del contrato de crédito. Por ejemplo, un seguro.
• Tipos de interés de demora y gastos por impago.
• Advertencia sobre las consecuencias en caso de impago.
• Garantías exigidas si es que las hay.
• Si hay o no derecho de desistimiento.
• Derecho de reembolso anticipado y su costo.
• Información de los derechos que asisten a las personas consumidoras en el caso de los créditos vinculados y las condiciones para ejercer estos derechos.
• El procedimiento para finalizar el contrato de crédito.
• La existencia o no de procedimientos extrajudiciales de reclamación y recurso y la forma de acceder a ellos.
• Las demás condiciones del contrato
• En su caso, el nombre y dirección de la autoridad de supervisión competente.

Un contrato de crédito vinculado es aquel cuyo crédito contratado sirve única y exclusivamente para financiar un contrato relacionado con un servicio o la adquisición de un bien concreto, por ejemplo: cuando firmas un crédito para pagar a plazos un tratamiento dental. Ambos contratos, el contrato principal y el vinculado, constituyen una unidad comercial.

En la información previa que deben facilitarte debe figurar, necesariamente, el producto o servicio vinculado y su precio al contado.

Siempre debe quedar acreditada la identidad de quien ofrece los bienes o servicios y la de la empresa prestamista.

Siempre debes tener la opción de no suscribir el contrato de crédito vinculado y realizar el pago de otra forma.

Si el contrato de consumo obliga a la persona consumidora a un pago de cualquier tipo y el crédito vinculado se denegara, el contrato sería nulo.

Cuando la entidad que vende el bien o servicio ejerce de intermediaria de crédito, deberá indicarse claramente la siguiente información: el alcance de sus funciones y representación, si trabaja con una entidad en exclusiva o no y si existe una remuneración por dicha intermediación (en cuyo caso deberá constar también en papel o soporte duradero).

Podrás ejercer tus derechos frente a quien te ha vendido el producto o servicio y también ante la empresa prestamista siempre que:

• Los bienes o servicios no hayan sido entregados en su totalidad o no sean conformes al contrato.
• Hayas reclamado judicial o extrajudicialmente por cualquier medio acreditado en Derecho contra la parte proveedora y no hayas obtenido la satisfacción a la que tienes derecho.

En caso de ejercer tu derecho de desistimiento sobre un crédito vinculado, el contrato finalizará sin penalización alguna. Lo mismo ocurre con el crédito vinculado si ejerces tu derecho de desistimiento sobre el producto o servicio financiado.

Ten en cuenta que, si tú firmas en una tienda un crédito vinculado con una entidad bancaria porque te lo ha ofrecido la tienda, estarás ante un crédito contratado a distancia, dado que no estás en la oficina del banco.

Podemos considerar créditos contratados a distancia aquellos que están vinculados a un producto o servicio y contratas por teléfono, por internet, en un puesto en un centro comercial o en una tienda.

La descripción de las características principales del servicio deberá contemplar por lo menos:

• El importe total del crédito y las condiciones para disponer de los fondos.
• La duración del crédito.
• En caso de créditos vinculados, el producto o servicio vinculado y su precio al contado.
• El tipo de interés, cómo se aplica y, si se dispone de índices de referencia, cuáles son y cómo se aplican.
• La TAE (Tasa Anual Equivalente) y el importe total adeudado, todo ello acompañado con un ejemplo representativo.
• El importe, número y periodicidad de los pagos.
• El coste de los servicios accesorios que la empresa prestamista establece que son necesarios para la suscripción del contrato de crédito. Por ejemplo, un seguro.

Créditos con posibilidad de descubierto

En este caso, no recibes el capital en una solo entrega, sino que la entidad bancaria pone a tú disposición fondos que superan el saldo de tu cuenta, en previsión de que llegue un gasto que exceda esa cantidad.

La regulación de este tipo de créditos tiene una atención específica en la ley.

Créditos revolving

Son aquellos créditos en los que los pagos efectuados por la persona consumidora no sirven para amortizar el dinero solicitado a crédito (o principal), sino para reponerlo y recalcular en ocasiones los intereses pendientes. Son créditos que acostumbran a llevar asociados unos tipos de interés muy alto.

Es importante que sepas que este tipo de créditos puede suponer que la amortización del principal se realice en un tiempo muy prolongado, lo que puede conllevar el pago de una cifra elevada de intereses a medio y largo plazo, o incluso que la deuda se alargue de manera indefinida.

La información en este tipo de préstamos debe ser clara y explicar esta cuestión.

Prestamista. Persona física o jurídica que concede, o se compromete a conceder, el crédito en el ejercicio de su actividad comercial o profesional.

Intermediaria. Es la persona física o jurídica que no concede un crédito, pero sí lo ofrece o presenta, asiste a las personas consumidoras en los trámites de un crédito o celebra contratos de crédito con la persona consumidora en nombre del prestamista, todo ello realizado en el ámbito de su actividad comercial o profesional.

Importe total del crédito (A). La suma solicitada o puesta a disposición de la persona consumidora en el crédito. También se la denomina “principal”.

Coste total del crédito (B). El coste total de crédito se compone de los intereses, las comisiones, impuestos y cualquier otro gasto que se deba realizar para la contratación del crédito, con excepción de los gastos de notaría. Si el contrato exige la contratación de un seguro, este también será considerado como coste total del crédito. No incluye la cantidad solicitada a crédito (principal).

Importe total adeudado(A+B). La suma del importe total del crédito más el coste total del crédito.

Tipo deudor o tipo de interés.

El “precio” que cobra la entidad financiera por prestarte el dinero. Puede ser:

• Fijo. Se mantiene igual a lo largo de la vida del crédito, por lo que no existe incertidumbre en su evolución. Suele ser más elevado que el tipo variable.
• Variable. Es el que toma como referencia un índice y varía en función de la evolución de dicho índice.

TAE. Tasa anual equivalente. El coste total del crédito expresado como un porcentaje anual del importe total del crédito concedido o principal. Se calcula a partir del importe, el plazo, el tipo de interés y las comisiones y otros gastos del préstamo. En el Portal del Cliente Bancario del Banco de España encontrarás un calculador de TAE.

Cuota. Es la cantidad que hay que abonar a la empresa prestamista cada periodo establecido (normalmente, cada mes) y se compone de una parte de amortización del crédito concedido y otra de pago de intereses. Normalmente, la cuota es fija durante la vida del crédito (o durante un tiempo determinado si has optado por un interés variable) y, aunque va variando la proporción entre amortización e intereses, siempre pagas la misma cantidad. Es lo que se denomina sistema francés. Más información.

Plazo. El tiempo durante el cual la persona consumidora va a abonar cuotas a la empresa prestamista. Lo habitual es que en los plazos cortos las cuotas sean más altas y el coste del crédito más bajo y viceversa.

Periodo de carencia. Es un plazo en el que pactas una cuota más baja con la empresa prestamista. No hay que olvidar que, si solo se pagan intereses durante este período, el capital prestado, y por tanto a devolver, no disminuye. Algo parecido sucede si no pagas ni intereses ni capital: los intereses se acumularán y el capital adeudado crecerá.

Gastos asociados. Gastos vinculados a la solicitud de crédito como comisión de apertura, comisión de estudio, comisión por posiciones deudoras, comisión por amortización anticipada, etc.

Comisión de apertura. Es la que se abona por conceder el crédito o préstamo y se suele abonar de una sola vez. Es un porcentaje regulado sobre el dinero concedido.

Comisión de estudio. La empresa prestamista no la podrá cobrar si no concede el crédito, pero si podrá solicitar el abono de gastos generados por terceras personas.

Comisión de amortización anticipada. Un porcentaje sobre el crédito por devolver con antelación parte o el total del capital adeudado. No podrá ser superior al 1% del importe del crédito reembolsado anticipadamente. En el caso de interés variable será máximo del 0,5% siempre que el plazo del crédito sea superior al año.

Comisión por posiciones deudoras. Comisión que cobra el prestamista en caso de que la persona consumidora no haga frente a alguna de las cuotas.

Productos vinculados. Productos o servicios que te ofrece la empresa prestamista junto con el préstamo o crédito y que pueden reducir el interés que te aplicará al crédito. Son la domiciliación de recibos y nóminas, seguros, planes de pensiones o tarjetas. En ocasiones, la contratación de un seguro de vida asociado al crédito es obligatoria. En el resto de aspectos, es recomendable comparar los beneficios que la contratación de productos vinculados aporta con el coste de dichos productos vinculados. Por ejemplo, si una tarjeta tiene un coste anual de 35 euros y el beneficio que genera en los intereses del crédito es de 20 euros anuales, resulta evidente que no es recomendable su contratación.

Las entidades bancarias deben entregarte la siguiente información:

• Identidad y dirección geográfica de quien emite la información.
• Los fines para los que puedes utilizar el crédito.
• Las formas de garantía, incluyendo si procede la posibilidad de que esta esté situada en otro estado miembro de la Unión Europea.
• La duración posible de los contratos de crédito.
• Las formas del tipo de interés indicando si es fijo, variable o mixto y sus posibles implicaciones.
• Si se puede contratar un crédito en moneda extranjera, debe indicarse cuál es y las implicaciones que tiene.
• Ejemplos representativos del importe total del crédito y su coste total, del importe total adeudado y de la TAE.
• Una indicación de otros posibles costes.
• Todas las opciones disponibles para reembolsar el crédito a la entidad prestamista.
• Las condiciones para el reembolso anticipado.
• Si hay necesidad o no de tasación, sus posibles costes y quién debe pagarlos.
• Los servicios accesorios que tengas que contratar obligatoriamente para obtener el crédito o en las condiciones ofrecidas y, si procede, la aclaración de que estos servicios van a contratarse con un proveedor distinto de la entidad prestamista.
• Una advertencia sobre las consecuencias de incumplir las condiciones del crédito.
• Cuando proceda, si tienes opción de dación en pago, es decir, la entrega del inmueble hipotecado para liberarte totalmente de las condiciones y obligaciones del crédito.

La entidad prestamista, es decir, el banco, deberá cumplir las siguientes condiciones:

• Entregarte la Ficha de Europea de Información Normalizada (FEIN), que es vinculante, por lo que la entidad estará obligada a mantener esas condiciones durante el plazo pactado y hasta la firma del contrato. Este plazo es, como mínimo, de 10 días naturales. La FEIN es un solo documento y debe contener:
  • La identidad y los datos de la entidad prestamista y, si existiese una entidad intermediaria, también la de esta.
  • Importe y moneda del préstamo. Si se emite en moneda extranjera se añaden otra serie de obligaciones.
  • Duración del préstamo.
  • Tipo de préstamo.
  • Tipo de interés.
  • Importe total por reembolsar.
  • TAE.
  • Costes que deben abonarse de una sola vez.
  • Costes que deben abonarse periódicamente.
  • Periodicidad y número de pagos.
  • Importe de cada cuota.
  • Tabla ilustrativa de reembolso.
  • Otras obligaciones.
  • Reembolso anticipado.
  • Elementos de flexibilidad.
  • Derechos que te asisten.
  • Reclamaciones, plazos y formas.
  • Incumplimiento y consecuencias.
  • Información adicional.
• Entregarte la Ficha de Advertencias Estandarizada (FIAE), en la que te informarán de la existencia de cláusulas relevantes y de:
  • Los índices de referencia oficiales utilizados para calcular el tipo de interés.
  • La existencia de tipos mínimos de interés motivados por una evolución a la baja del mercado.
  • La posibilidad de vencimiento anticipado si se incumple el contrato.
  • La distribución de los gastos
• Si se trata de un préstamo en interés variable, te entregarán en documento aparte una tabla con las cuotas periódicas y los diferentes escenarios de evolución.
• Copia del proyecto de contrato.
• Información clara y veraz de los gastos que corresponden al banco y a la persona que toma el préstamo.
• Condiciones de las garantías del seguro que exige.
• Cuando esté previsto que el préstamo se formalice en escritura pública, te deben indicar que puedes elegir notaría y que esta te debe asesorar de manera gratuita y personalizada.

Las ventas vinculadas están prohibidas salvo excepciones. Esto quiere decir que la entidad bancaria no puede obligarte a contratar productos adicionales al préstamo. El Banco de España podrá excepcionalmente aprobar productos vinculados siempre que supongan una mejora de las condiciones para las personas que solicitan el préstamo.

Como excepción, los bancos sí pueden obligarte a que contrates ciertos seguros, como uno de garantía de cumplimiento de las obligaciones del contrato, un seguro de daños para el inmueble hipotecado o cualquier otra póliza aseguradora que obligue la ley.

Es importante destacar que no te pueden obligar a contratar un seguro con ese mismo banco, ya que estas entidades están obligadas a aceptar pólizas distintas de las suyas mientras cumplan con las garantías exigidas. Tampoco podrán cobrarte por el estudio de las polizas ni podrán empeorar las condiciones del crédito hipotecario al contratar un seguro exigido con otro banco.

Los tipos de interés de referencia son importantes porque están vinculados con las operaciones de crédito. Las entidades tienen la obligación de publicar mensualmente los tipos de interés oficiales en el Boletín Oficial del Estado (BOE). También están disponibles en la web del Banco de España.

Los tipos de interés oficiales son:

• Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años concedidos por las entidades de crédito en España para adquirir una vivienda libre.
• Tipo medio de los préstamos hipotecarios entre uno y cinco años concedidos por las entidades de crédito en la zona euro para adquisición de vivienda libre.
• Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años.
• Referencia interbancaria a un año (Euribor).
• Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al plazo de cinco años. Una permuta de intereses es un intercambio de divisas que realizan las entidades.
• En los préstamos hipotecarios formalizados antes del 1 de enero de 2000, el artículo 32 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, establece que debe informarse sobre el Madrid InterBank Offered Rate (Mibor), que es el tipo de interés entre bancos que se aplica en el mercado bursátil de Madrid.

Desde el 29 de abril de 2012 estos tipos de interés no son oficiales:

• IRPH-Cajas.
• IRPH-Bancos.
• Indicador CECA, tipo activo.

Ha quedado anticuado y solo está en vigor el IRPH-Entidades, que es el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años concedidos por el conjunto de las entidades de crédito.

La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, define claramente a quién le corresponde asumir los gastos generados de la constitución de un crédito hipotecario.

• Entidad prestamista: los gastos de registro de la hipoteca, notaría e impuestos de gestoría.
• Persona prestataria (tú): tasación y nota simple.

La distribución de gastos anteriores a junio de 2019 produjo una larga controversia judicial que ya está resuelta gracias a la sentencia 705/2015 del Tribunal Supremo, que declaró la cláusula que te atribuye todos los gastos abusiva, y por tanto, nula.

Además, el Tribunal Supremo fijó la doctrina en su sentencia del 23 de enero de 2019 (STS 105/2019) al determinar que:

• Los bancos o cajas debían abonar los gastos de gestoría, registro, tasación y el 50% de las minutas de la notaría.
• Las personas que pedían el préstamo debían abonar el 50% de las minutas de notaría.

En cuanto al plazo de reclamación, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en su sentencia del 25 de enero de 2024 que:

• Era legal un plazo de 5 años para solicitar la devolución del dinero.
• Ese plazo no podía iniciarse con la firma de la hipoteca, porque en muchas ocasiones esto haría imposible la recuperación del dinero cobrado indebidamente.
• Tampoco podía iniciarse el plazo con la sentencia del supremo del 2019, dado que una jurisprudencia conocida no era suficiente para suponer que toda persona consumidora estaba al corriente de sus derechos.
• Para determinar el inicio del plazo había que analizar cada caso.

Esta sentencia fue confirmada por otra posterior que el TJUE emitió el 23 de abril de 2024.

Es importante recordar que no existe plazo para solicitar la nulidad de una cláusula, por lo que, si tienes esta cláusula abusiva en tu hipoteca, puedes reclamar.

Tras comprobar tu hipoteca, si deseas reclamar, te recomendamos que contactes con Kontsumobide, con tu Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de referencia o con cualquiera de las asociaciones de personas consumidoras que operan en nuestro territorio. Te orientaremos sobre los pasos que debes dar.

Las cláusulas suelo se incluyen en los contratos de préstamo hipotecario a tipo variable para establecer un tipo de interés mínimo fijo que impide que las personas consumidoras con contratos hipotecarios se beneficien de una reducción de los tipos por debajo de ese porcentaje.

Su uso en las hipotecas puede ser lícito siempre y cuando cumpla con los requisitos de transparencia e información regulados en la normativa de protección de las personas consumidoras y usuarias.

Si vulneran esos requisitos, pueden ser consideradas abusivas y, por tanto, nulas. La nulidad implica dejarlas sin efecto, es decir, hacer como si nunca hubieran existido y, en su caso, puede obligar a devolver las cantidades cobradas por este concepto.

Tras el señalamiento de estas cláusulas en 2013, la posible avalancha de demandas judiciales obligó al Gobierno a regular un procedimiento de reclamación extrajudicial para evitar el colapso de los juzgados y facilitar una resolución ágil y gratuita.

Quien haya firmado el préstamo hipotecario antes del 31 de diciembre de 2022 y cumpla todos los siguientes requisitos:

• Los ingresos de toda la unidad familiar no deben superar al IPREM multiplicado por 4,5, salvo dos excepciones:
  • Será IPREM multiplicado por 5,5 si alguien de la familia tiene declarada una discapacidad superior al 33% o una situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para trabajar.
  • Será IPREM multiplicado por 6,5 sí la persona deudora cumple alguna de estas condiciones:
    • Tiene parálisis cerebral, una enfermedad mental o una discapacidad intelectual con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%
    • Es una persona con una discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
    • Sufre una enfermedad grave que incapacita acreditadamente a la persona o a la persona que la cuida para realizar una actividad laboral.
• El precio de la vivienda es inferior a 300.000 euros.
• La cuota hipotecaria supera el 30% de sus ingresos.
• En los 4 últimos años ha cambiado sensiblemente su situación económica o familiar de alguna de las siguientes formas:
  • La carga hipotecaria, que es el porcentaje de ingresos familiares dedicado a pagar la hipoteca, se ha multiplicado al menos por un 1,2.
  • También si se ha dado cualquiera de estas circunstancias en la unidad familiar:
    • Que una de las personas integrantes tenga una discapacidad de más del 33%, dependencia o incapacidad permanente para trabajar por enfermedad.
    • Que una persona con algún parentesco con la persona titular de la hipoteca o su cónyuge (tío/tía, sobrino/a, bisabuelo/a) conviva en el domicilio y se encuentre en situación de discapacidad, dependencia o incapacidad temporal o permanente por enfermedad grave
    • Que una de las personas integrantes sea víctima de violencia sexual, de género o de trata.

En primer lugar, en la entidad bancaria, ya sea en su servicio de atención al cliente o ante el defensor del cliente.

Si en el plazo de un mes no hay respuesta o no se ha admitido la solicitud, hay que dirigir la reclamación al Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España (calle Alcalá, 48, 28014 Madrid).

Es importante recordar que no se puede reclamar al Banco de España sin haber reclamado antes a la entidad bancaria.

Las entidades financieras deben realizar unas preguntas para determinar si el producto solicitado es adecuado para la persona interesada en él. Te recomendamos una máxima: cuanto mayor sea la rentabilidad, mayor será el riesgo.

Estas preguntas se engloban en el test de conveniencia y el de idoneidad:

• Test de conveniencia: Obligatorio en la compraventa de productos financieros, sirve para valorar los conocimientos y experiencia de la persona inversora. Las preguntas giran en torno a sus test de conveniencia indique que el producto no es adecuado para la persona consumidora, esta tiene derecho a continuar con la operación siempre y cuando la entidad financiera también acepte.
• Test de idoneidad. Está orientado a productos de inversión y pretende asegurar que las recomendaciones personalizadas de la entidad son las más adecuadas para la persona interesada. Las preguntas incluyen el test de conveniencia (conocimientos y experiencia previos), la situación financiera (fuente y nivel de ingresos, patrimonio, gastos y pagos periódicos) y los objetivos de inversión (tiempo deseado para mantener la inversión, perfil y tolerancia del riesgo).
  Si la persona interesada no proporciona la información del test de idoneidad, la entidad no puede prestar el asesoramiento.

Como persona inversora tienes derecho a:

• Un trato honesto, imparcial y profesional.
• Recibir información imparcial, clara y no engañosa.
• Que la entidad bancaria tenga en cuenta tus circunstancias personales para poder contratar solo los productos o servicios que se ajusten a tu perfil.
• Reclamar por mal funcionamiento, demora o falta de atención o si sientes que te han perjudicado.
• Conocer la naturaleza y riesgo del producto de inversión, así como información sobre los gastos y costes directos e indirectos que soportarás.
• Suscribir un contrato que regule los derechos y obligaciones de ambas partes en la prestación del servicio de inversión.

Las entidades financieras están obligadas a:

• Pedirte información para conocer tus circunstancias y necesidades y ayudarte a tomar decisiones de inversión adecuadas.
• Ofrecerte solo los productos adecuados para ti, en función de tus conocimientos y experiencia para valorar sus riesgos y funcionamiento.
• Asegurarse de que entiendes la información que te han facilitado y que se corresponde con tu situación financiera y tus objetivos.
• Facilitar la mejor información antes, durante y después de realizar la inversión. Debes recibir la información más completa sobre los riesgos que asumes y las comisiones y gastos directos e indirectos.
• Tratar de obtener el mejor resultado posible sin perjudicarte.
• Facilitar los datos que permitan comprobar que la entidad está inscrita en la CNMV y autorizada para prestar el servicio que ofrece.

Las participaciones preferentes (PPR) son valores emitidos por una sociedad con los que no participas en su capital ni te dan derecho a voto. Tienen un carácter perpetuo, es decir, no recuperas el dinero invertido salvo que vendas las participaciones preferentes. Pero como no hay un precio pactado, puedes ganar o perder, con lo que la rentabilidad no está garantizada.

Son un producto de alto riesgo:

• Puede generar mucha rentabilidad o muchas perdidas.
• No cotizan en bolsa.
• No se negocian en un mercado organizado.
• Pueden llevar un contrato de liquidez, es decir, cierta garantía de que el producto se podrá vender porque hay personas o entidades dispuestas a comprarlo. Sin embargo, esta liquidez es limitada, por lo que no siempre es fácil deshacer la inversión.
• Si la entidad financiera quiebra, la persona inversora puede perder todo el dinero invertido. En una situación así, las participaciones son prácticamente las últimas en cobrarse, solo por delante de las personas accionistas.
• Si la entidad financiera no tiene beneficios suficientes, puede que no pague los intereses. Y la persona inversora no puede exigírselos.
• Pese a ser perpetuas, la entidad financiera normalmente se reserva el derecho de cancelarlas al cabo de un tiempo. Esto es importante ya que, en caso de que la situación económica de la entidad sea mala, se corre un riesgo total, sin ninguna garantía. Por otro lado, si no cambia la situación, la entidad puede devolver el dinero y cancelar el trato.

Son derechos que tienen las personas accionistas para que, cuando una sociedad amplía su capital social, puedan mantener el mismo porcentaje de participación, con lo que evitan reducir su peso en la compañía. Los derechos de suscripción preferente suelen estar disponibles salvo que la junta general de personas accionistas los excluya.

Estos derechos también cotizan en bolsa, por lo que pueden generar comisiones y gastos de custodia, que son los que se producen por tener estos productos. Además, su compraventa también puede tener comisiones de intermediación.

Cancelar un fondo de inversión permite recuperar el patrimonio invertido.

Para rescindir un fondo hay que dar una orden en la entidad financiera o gestora en la que se contrató.

Normalmente, las entidades no suelen poner trabas a cancelar un fondo, aunque pueden intentar canalizar esa inversión a otro fondo o producto de la misma marca.

También existe la posibilidad de traspasar ese patrimonio a un tipo de activo más rentable o a uno más seguro.

Si quieres reclamar:

• En primer lugar, debes presentar una reclamación ante la entidad en alguno de los llamados servicio de atención al cliente o defensor del cliente, que debe resolver las quejas y reclamaciones en un tiempo razonable, de acuerdo con el procedimiento que haya publicado. Para asegurar una correcta atención, la entidad debe mantener un registro de todos los servicios y operaciones realizados durante un periodo mínimo de cinco años.
• Si no recibes respuesta en un plazo dos meses o si no es satisfactoria, puedes acudir a la Oficina de Atención al Inversor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que se encarga de atender las consultas, quejas y reclamaciones de forma gratuita, según establece en la Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre.

Ciertas empresas o personas tratan de prestar servicios de inversión sin la debida autorización. Son estafadoras que intentan engañar a personas con inversiones humildes con promesas de oportunidades únicas de altas rentabilidades y poco riesgo.

Los chiringuitos pueden tener una apariencia muy sofisticada, con aire de legitimidad y profesionalidad. Suelen ser oficinas lujosas y contar con folletos informativos y otro tipo de documentos bien presentados y comerciales que proponen oportunidades de inversión muy tentadoras. Las personas engañadas rara vez vuelven a ver su dinero.

Por eso, desconfía siempre de:

• Contactos que te proponen una inversión sin que tú hayas solicitado información ni asesoramiento previo.
• Promesas de inversiones totalmente seguras o con una rentabilidad mucho mayor de lo normal.
• Las palabras “garantía”, “oportunidad limitada” y “sin riesgo”.
• Promesas de ganar mucho dinero en poco tiempo.
• Presiones para tomar una decisión rápida o incluso inmediata.

Recuerda: aún en las inversiones legítimas, mucha rentabilidad es igual a mucho riesgo.

• Su valor oscila fuertemente. Se especula mucho con ellas y el riesgo de perder lo invertido es alto.
• Su circulación es limitada. Es cierto que la inversión en criptomonedas ha aumentado considerablemente, pero todavía es muy limitada en comparación con las divisas tradicionales.
• Su liquidez es cuestionable. Dado el alto grado de volatilidad del mercado, transformar la criptomoneda en moneda de curso legal puede resultar difícil.
• Su garantía es debatible. No hay Estados que las respalden, salvo El Salvador y la República Centroafricana, y gran parte de ellas no están respaldadas por activos físicos.
• No están reguladas. No existe una regulación al respecto y la normativa bancaria no contempla las criptomonedas, con lo que el nivel de desprotección jurídica es alto.
• Es difícil garantizar los derechos de las personas consumidoras. Ninguna emisión ha sido registrada, autorizada o verificada por ningún organismo supervisor en España.
• Complican la resolución de problemas relacionados. Dado su carácter trasfronterizo y el hecho de que los actores implicados estén en muchos países, la resolución de problemas es más difícil.
• Son anónimas. El anonimato es mayor que en el sistema bancario tradicional, lo que puede convertirlas en refugio para actividades ilícitas.
• Son descentralizadas, lo que supone que no dependen de instituciones y organismos concretos. Esta característica las convierte en un elemento democratizador al tiempo que potencia su desregulación.

Las criptomonedas funcionan como sistemas de intercambio descentralizados, lo que elimina la necesidad de intermediación de las monedas tradicionales. Es decir, en un pago o transferencia tradicionales intervienen uno o dos bancos o proveedores de pagos (los de la parte que paga y los de la parte que recibe); sin embargo, con el sistema de las criptomonedas desaparecen los intermediarios y la transacción se realiza de persona a persona.

Entonces, ¿cómo se garantiza o asegura la transacción? La seguridad viene dada por la criptografía y la garantía de miles de personas que confirman y sellan la transacción en miles de ordenadores. Esto último es lo que se conoce como la tecnología blockchain.

Dicho esto, es verdad que en la parte técnica del intercambio entre personas no intervienen intermediarios como los bancos, pero en la conservación de las criptomonedas sí que los hay, tanto compañías independientes como los propios bancos.

La volatilidad de las criptomonedas y la alta especulación del mercado en el que operan son riesgos que se deben tener en cuenta. Quien invierte en ellas puede, potencialmente, ganar mucho dinero, pero también perder todo el dinero invertido muy rápidamente.

La falta de regulación supone desprotección. La legislación bancaria no protege a quien tiene su dinero en criptomonedas, y los emisores de monedas virtuales no tienen por qué ser conocidos. Si se opera a través de una compañía intermediaria y esta quiebra o desaparece, no existe ningún respaldo del Estado. No sucede lo mismo si quien intermedia es un banco, en cuyo caso sí está obligado a garantizar sus operaciones con una cantidad de activos fijados por la ley, además de que el Estado también protege a las personas usuarias de la banca tradicional.

Criptomonedas con respaldo o stablecoins

Están respaldadas por activos y por mecanismos automáticos de estabilización. Esto obliga a que los emisores y personas tenedoras adapten la oferta a las fluctuaciones de la demanda y en ocasiones debe intervenir el emisor primario. Pueden estar respaldadas por grandes empresas que las han emitido, por criptoactivos o incluso por entidades financieras con activos físicos. No obstante, es importante destacar que este respaldo no reduce su riesgo.

Criptomonedas sin respaldo (como Bitcoin)

Su respaldo estriba en un consenso general, y no hay activos tangibles tras su valor, lo que las hace más volátiles.

Ambos tipos de criptomonedas han visto cómo su valor negociado en los mercados crecía, pero de forma distinta. Las stablecoins han aumentado su valor porque lo ha hecho su número; en el caso de las criptomonedas sin respaldo, muchas de ellas (como Bitcoin) han aumentado su valor unitario pero mantienen el mismo número de unidades en circulación.

El reglamento de Criptomonedas de la Unión Europea, Reglamento Markets in Crypto Assets conocido como (MICA), se aprobó el 31 de mayo de 2023.

En 2022 se publicó en el BOE la circular 1/2022, de 10 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), relativa a la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión. Pero esta circular no entra en los productos, los emisores ni las entidades intermediarias, sino que se centra en la publicidad.

Por otro lado, la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal trae consigo una serie de obligaciones para aquellas personas que posean criptoactivos o criptomonedas.

Las diputaciones forales han tomado medidas respecto a las criptomonedas y su relación con el IRPF o el impuesto de patrimonio. El 17 de mayo de 2022, la Diputación Foral de Bizkaia obligó a declarar la tenencia de criptomonedas y criptoactivos a efectos del impuesto de patrimonio. Además, las ganancias o pérdidas generadas por la compraventa de criptomonedas o criptoactivos deberán declararse a efectos de IRPF como ganancia patrimonial. Estas decisiones han sido acordadas también con las haciendas forales de Gipuzkoa y Araba.

Blockchain

En castellano lo podemos traducir como cadena de bloques, y tal vez así sea más fácil de entender. Funciona como un inmenso libro de cuentas compuesto por bloques de información entrelazados, encriptados para garantizar su seguridad y descentralizados, es decir, que no están en un solo lugar sino replicados en miles de ordenadores. Es, en definitiva, una base de datos descentralizada y segura.

Una característica fundamental es que hay varios usuarios (nodos) que verifican la transacción, un proceso informático que es automático. Las transacciones verificadas por varios usuarios pasan a formar parte de un bloque que las alberga por miles o millones. Una vez sellado este bloque, se integra en la cadena de bloques.

Puedes obtener más información en este enlace y en este otro.

Unido a este concepto podemos encontrar las DLT o Bases de Datos Distribuidas. La diferencia respecto a blockhain es que las DLT no tienen que estar necesariamente codificadas en bloques.

Mineria

La validación o sellado de los bloques es donde intervienen los llamados “mineros”, personas que usan sus ordenadores (realmente son auténticas “granjas” de ordenadores) para validar las transacciones mediante operaciones matemáticas. Las personas que “minan” reciben avisos de transacciones y las van agrupando en un bloque. Cuando tienen suficientes operaciones, intentan sellarlas, lo que se consigue al resolver la operación matemática. Si la resuelven, el bloque de datos pasa a la cadena y su seguridad aumenta.

Este trabajo de sellado se hace en competencia con otras personas mineras, ya que quien primero lo consigue recibe una compensación por parte de la comunidad virtual en la que está operando.

El sellado de bloques es cada vez más complejo, lo que obliga a usar ordenadores cada vez más potentes y numerosos. La consecuencia de esto es que se demanda un enorme flujo de electricidad. El problema de consumo energético no puede separase de la tecnología blockchain.

Token

Un token es, según el inversor experto en blockchain William Mougayar, “una unidad de valor que una organización crea para gobernar su modelo de negocio y dar más poder a sus usuarios para interactuar con sus productos, al tiempo que facilita la distribución y reparto de beneficios entre todos sus accionistas”. Para entenderlo mejor, podríamos decir que una ficha de casino o una ficha de una atracción de coches de choque son tokens.

Los tokens pueden ser monedas (como un bitcoin), pero también tener otros usos como otorgar un derecho, pagar un trabajo, un incentivo, etc. Es la organización que los crea quien decide su uso y funcionalidad.

Invertir en tokens es factible y puede dar beneficios, pero pueden conllevar un alto riesgo. Los tokens no se apoyan en las métricas financieras tradicionales (PER, Ebidta, ingresos netos, beneficios…), sino que se apoyan en promesas.

Tipos de Tokens:

• Currency token: Son lo que llamamos criptomonedas. Mientras que Bitcoin (con mayúscula) se refiere a la red, bitcoin (en minúscula) es la criptomoneda.
• Utility token: Son aquellos tokens que funcionan como vía de acceso a ciertos servicios o productos y no están diseñados como una inversión.
• Community token: Su uso suele estar limitado a comunidades cripto. Por lo general aportan acceso a ciertos beneficios, descuentos, gratificaciones, etc.
• Security token: Son instrumentos diseñados para obtener una ganancia financiera y están más regulados. Funcionan como un contrato de inversión y hoy podemos verlos como garantía de propiedad de una porción de un activo digital o incluso como acciones.
• Asset token: Están pensados para representar objetos del mundo real y facilitar su comercialización sin la necesidad de moverlos de un lado al otro. Pueden usarse para la compraventa de oro, propiedades, automóviles, juguetes o libros, entre otros productos comercializables del mundo físico.

NFT

Los NFT o tokens no fungibles son activos digitales únicos que no se pueden cambiar entre sí, ya que no hay dos iguales. Todo aquello que puede representarse digitalmente tiene el potencial de convertirse en un NFT: desde un tuit o un meme hasta una obra de arte digitalizada.

Los NFT permiten asociar a cualquier archivo virtual un certificado de autenticidad único que no se consume con el uso, lo que garantiza que la persona que tiene el token es la única poseedora de la pieza.

Los NFT o tokens no fungibles son los utilizados, por ejemplo, en los mercados de arte digital.